El Gobierno sancionará con 500.000 euros a los colegios que “discriminen” a los musulmanes por incluir carne de cerdo en el menú.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación que prohíbe la financiación pública para centros educativos que discriminan a alumnos y establece sanciones de entre 300 y medio millón de euros. Esto incluye los casos en los que un alumno de confesión islámica se sienta discriminado por la inclusión en el menú escolar de productos alimenticios proscritos por el Corán.
Según la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, la ley aprobada que se remite con carácter de urgencia al Parlamento responde a la necesidad de que la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos y garantizar que nadie pueda ser discriminado por razón de su confesión religiosa o tendencia sexual.
Pajín ha reconocido que es una “ley compleja” porque afecta a la practica totalidad de los departamentos del Gobierno y ha asegurado que la norma pretende avanzar en la igualdad real y efectiva de los ciudadanos, además de apostar por la convivencia.
Para el Gobierno, es “una ley integral, general, de garantías y de derecho antidiscriminatorio”, que incluye a todas las personas y alcanza a ámbitos como el empleo, la educación, la asistencia sanitaria, el acceso y permanencia en establecimientos o espacios abiertos al público y la publicidad y medios de comunicación.
La iniciativa aprobada aporta a los motivos de discriminación recogidos hasta ahora en la Constitución y en la normativa europea, la identidad sexual y la enfermedad.
HazteOir tilda la Ley de Igualdad de Trato de “instrumento liberticida” al servicio de un Gobierno “gran hermano”
Por su parte, la plataforma HazteOir considera que el proyecto de Ley de Igualdad de Trato aprobado este viernes en Consejo de Ministros es “un nuevo instrumento liberticida y de control al servicio del Gobierno”, por lo que, su opinión, se trata de una “ley ‘Gran Hermano’ de Igualdad”.
A juicio de la organización, el texto es fruto del “PSOE más radical”, que “busca rematar un ciclo de ingeniería social antes de su probable desalojo del Gobierno, al tiempo que trata de acallar la tormenta institucional que tiene al Ejecutivo pendiente de sus problemas internos”.
Según el presidente de la organización, Ignacio Arsuaga, la ley “reinstaura en España el delito de opinión y el ideológico, cercenando la libertad de expresión y laminando la protección de los derechos de los ciudadanos” porque “define formas de discriminación hasta ahora inexistentes, soslaya la presunción de inocencia y señala penas ayunas de fundamento, desproporcionadas y arbitrarias”.
“Es una ley amenazante y preventiva, que no busca tanto perseguir la indiscriminación como amedrentar a los ciudadanos que no siguen el pensamiento progrelacista oficial; es agresiva y busca introducir de una manera aún más intensa la ideología de género en todos los ambientes, tachando de perverso todo aquello que no se alinee en ese sentido, y es una ley igualitarista, que no busca la igualdad de oportunidades sino la uniformización y la eliminación de la pluralidad”, denuncia la organización.
Fuente: Alerta Digital
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